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La pandemia cambió el mundo del trabajo. La frase, que suena a cliché, se sostiene, entre otras cosas, con la explosión del trabajo remoto como una modalidad que los empleados demandan cada vez más. Pero ahora esa situación genera desafíos para distintas empresas, y dentro de las que operan en el régimen de zonas francas hubo variadas consecuencias.
La Ley de Zonas Francas establece como norma general que la actividad debe ser desarrollada dentro del predio, lo que hasta marzo de 2020 obligó el trabajo en las oficinas. Sin embargo, durante la pandemia fue habilitado el empleo remoto. Eso generó que, una vez levantada la emergencia sanitaria, los trabajadores debían volver a sus oficinas, pero en los hechos el teletrabajo fue tan extendido que las empresas y el Gobierno negociaron una reglamentación del empleo remoto.
La normativa determinó que la sumatoria de horas presenciales de los empleados debe ser bajo modalidad presencial al menos en el 60% del tiempo acumulado durante un mes.
Además permite a un 10% de la plantilla teletrabajar todo el tiempo, aunque el beneficio de esos empleados puede jugar en detrimento de sus compañeros de trabajo, que en esos casos deberían cubrir más horas presenciales para llegar al mínimo del 60% requerido entre toda la empresa.
El personal que aplique al trabajo a distancia, además, debe ser dependiente y a tiempo completo, y con una carga horaria semanal que no debe ser menor a 25 horas. Ahora que el decreto con las limitantes a la excepción que duró casi dos años -o flexibilidades sobre la situación prepandemia- está vigente desde el 5 de enero, las empresas del sector enfrentan distintas realidades.
Según dijeron a Montevideo Portal asesores legales y tributarios, las determinaciones empezaron a causar consecuencias en las empresas, cuyos empleados habían adoptado el teletrabajo como una costumbre. Una de ellas es que, ante la demanda de los empleados para teletrabajar, las compañías optan por pasar a algunos de sus ejecutivos a la jurisdicción uruguaya, para de este modo retenerlos y evitar que busquen otro destino laboral en un mercado global. Otras, en tanto, analizan dejar el régimen franco, según los consultados, que integran distintos estudios y firmas de consultoría.
Las empresas que más han advertido estas situaciones son las tecnológicas y de servicios, dijeron los abogados y expertos en tributación. Este sector es uno en los que el Gobierno ha puesto el foco para promoverlo al señalar a Uruguay como hub de innovación. En particular, en la industria del software, la estimación es que en Uruguay faltan unos 3.000 puestos de trabajo, que las empresas demandan pero no pueden cubrir.
Otra situación ocurre en particular con las empresas más chicas que operan en zonas francas. Según el nuevo decreto, para habilitar la posibilidad de teletrabajo a sus empleados, las compañías deben cumplir como mínimo con 1.000 horas por mes en la modalidad presencial. Eso, según los expertos, inhabilita a las compañías de menor porte a ofrecer la posibilidad de teletrabajar, con lo que son menos atractivas en el mercado de contrataciones.
La Ley de Rendición de Cuentas de 2021 aprobó que los empleados puedan teletrabajar desde su domicilio particular. El decreto reglamentario fue de fines de setiembre (319/022), pero una resolución de la Dirección de Zonas Francas determinó primero su entrada en vigencia para diciembre y luego otra resolución lo postergó para que entre en vigencia desde el 5 de enero, explicó a Montevideo PortalDiego Tognazzolo, socio de Asesoramiento Tributario, Legal y Contable de PwC.
En los hechos, en un esquema de 10 o 12 trabajadores con un régimen de entre seis u ocho horas, se podría ofrecer el teletrabajo dos días y asistir a la oficina tres días, sobre la base de cumplir los demás mínimos. Si hay un 10% de la plantilla que toma la opción de no ir nunca, el otro 90% de los empleados deberían ir más tiempo para “cubrir” las horas de los que no van, señaló Tognazzolo.
Fuentes empresariales dijeron que la Cámara de Zonas Francas y el gobierno llevaron adelante un proceso de discusión sobre las condiciones del retorno, aunque partiendo de la base de que la ley madre del régimen establece que el trabajo debe tener como base el recinto franco.
La tensión del asunto está en que las autoridades advierten que las empresas de zonas francas se encuentran en una situación de ventaja impositiva frente a otras de jurisdicción uruguaya, por lo que buscan velar por el cumplimiento de la norma que asegura beneficios siempre y cuando la empresa desarrolle su actividad en el recinto franco. Por eso, de cierto modo y pese a los reclamos, las empresas sin embargo reconocen que hubo una flexibilización en relación a la situación de antes de la pandemia.
Desde el Ministerio de Trabajo dijeron a Montevideo Portal que este tema fue trabajado a través del Ministerio de Economía, mediante la Dirección de Zonas Francas. Ante la consulta a la Unidad de Comunicación de la cartera, el MEF respondió que no haría comentarios al respecto.
El presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, Enrique Buero, dijo a Montevideo Portal que como gremial todavía no evaluaron casos concretos pero sí admitió que las empresas tecnológicas y las de servicios son las más preocupadas por la normativa.
“La implementación del teletrabajo en las condiciones autorizadas por el Poder Ejecutivo es un tema que nos tiene muy atentos como Cámara, en particular para el sector servicios, para el cual tenemos claro que los requisitos establecidos pueden afectar su competitividad a la hora de captar o retener talento; aspecto absolutamente crítico para un sector de actividad que es muy relevante para las Zonas Francas”, dijo Buero.
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