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El modelo productivo de las zonas francas está cumpliendo 60 años en el país, y estas se han multiplicado junto con el empleo que generan. Las zonas francas comenzaron en 1958 con la de Barranquilla, y en los últimos 10 años aumentaron más del doble, mientras que entre el 2010 y el 2017, el número de empleos se multiplicó por cinco, y supera los 150.000. En medio de esa realidad, y con exportaciones al alza en el presente año, recientemente se expidió un decreto para agilizar su operación.
Hoy, las zonas francas generan 158.000 empleos entre directos, indirectos y vinculados. Para el año 2010 se contaba con 33.985 puestos. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las zonas francas pasaron de 40 en el 2008 a 111 en el 2017.
De estas, el 62 por ciento son permanentes especiales uniempresariales y el 38 por ciento corresponden a zonas francas permanentes multiusuario, figura a través de la cual se pueden instalar las empresas para desarrollar actividades de bienes, servicios y comerciales. Inicialmente se crearon en la Costa, Cundinamarca y la frontera con Venezuela, y hoy 20 de los 32 departamentos del país cuentan con estos mecanismos.
De acuerdo con la exministra de Comercio María Lorena Gutiérrez, “los empresarios han visto en las zonas francas oportunidades para concretar sus negocios en regiones con ubicación estratégica, aprovechando las ventajas competitivas que ofrece cada departamento”.
De las 111 zonas francas declaradas, 62 se dedican a actividades industriales; 15, a servicios portuarios; 13, a agroindustriales; 13, a servicios de salud; 5, a servicios de centrales de llamadas y 3 a generación de energía. Por tanto, pasaron de un foco inicialmente industrial hacia diversas actividades económicas.
Las estadísticas indican además que a diciembre de 2017, la inversión acumulada ejecutada en las zonas francas ascendió a 43,5 billones de pesos, mientras que en 2010 era de 6,5 billones de pesos.
En la actualidad cursa un proyecto de decreto que busca seguir aplicando la tarifa del 15 por ciento de renta a las nuevas zonas francas que sean creadas en Cúcuta hasta diciembre de 2019. Con ello se espera contribuir a la reactivación económica de la capital de Norte de Santander, con un alto desempleo, producto del efecto migratorio.
Por su lado, el decreto 659 simplifica y elimina trámites para procedimientos empresariales y armoniza las condiciones para las operaciones de comercio exterior. Uno de los aspectos del decreto permite a los industriales importar repuestos para mejorar el servicio posventa de los bienes que hayan sido producidos en la zona franca. También, se simplifican los requisitos y condiciones para la calificación de usuarios comerciales e industriales.
En el primer semestre de este año, las exportaciones de las zonas francas crecieron 2,5 por ciento, al pasar de 1.164 millones de dólares a 1.194 millones, mientras que las importaciones descendieron 25 por ciento, de 1.156 millones de dólares a 862 millones de dólares, según el Dane.
Según el experto español Marc Papell, en el I Congreso Integrado de Zonas Francas y Puertos, desarrollado en Cartagena el pasado mayo, hubo mucho desencaje entre las estrategias regionales, basadas en los clústeres y las zonas francas.
“Hay una oportunidad muy grande de unir esas dos fortalezas. Aunque sí es verdad que en algunas zonas francas encontramos servicios muy especializados para clústeres –por ejemplo, en el sistema moda en Cali–, por lo que hay firmas de logística especializada en moda dentro de las zonas francas”, considera el analista.
El modelo de zonas francas nació en 1958 con la Ley 105, que dio origen a la Zona Franca de Barranquilla. En 1994 se implementó el régimen de sector privado para impulsar las exportaciones en el marco de la política de apertura económica de la época.
En el 2007 se inició la tercera fase de desarrollo para dar cumplimiento a los compromisos pactados con la Organización Mundial del Comercio (OMC), respecto a la creación de empleos y la promoción de la competitividad de las regiones donde se establezcan.
Por medio del decreto 2147 del 2016, el Gobierno fijó límites al procesamiento parcial por fuera de la ZF con el fin de garantizar que los procesos productivos se realicen principalmente dentro del área geográfica declarada.
Según cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entre 2010 y 2017, el costo fiscal anual promedio (menor valor pagado respecto a la tarifa general vigente) fue de 490 millones de dólares. El pico se presentó en el 2016, con 942 millones de dólares, y el año pasado se redujo a 709 millones de dólares.
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