Tempo de leitura: 2 minutos
Con la finalidad de conocer los puntos de vista de las instituciones que tienen que ver con la implementación de zonas económicas especiales, diputados de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa recibieron, durante su sesión de trabajo, a Nelson Vanegas, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). Durante su intervención el funcionario destacó los beneficios que el establecimiento de territorios con incentivos para la inversión traerán al país.
El titular de CEPA explicó que la normativa en discusión está estrechamente relacionada con el anteproyecto de Ley de Concesión del Puerto de La Unión Centroamericana, presentado por el vicepresidente de la República a la Asamblea Legislativa meses atrás. Vanegas expuso como principales beneficios de la aprobación de ambas normativas, la inversión, generación de empleos, transparencia y responsabilidad social.
“En el tema de inversión, primeramente el asentamiento de industrias en zonas aledañas, mejoras en los movimientos de carga, atracción de nuevas inversiones, esto vuelve atractiva la zona para interesados en establecer negocios, es un beneficio directo para el desarrollo económico del país”, explicó el funcionario.
En cuanto al empleo, Vanegas manifestó que el establecimiento de industrias de todo tipo en las tierras que se encuentran alrededor del puerto La Unión, que en este momento están en ocio, la ley establece que el operador económico cumpla requisitos de oferta laboral de por lo menos 200 plazas directas en los primeros tres años de operaciones.
El titular de CEPA, asimismo, expresó que la ley es transparente ya que establece claramente todos los mecanismos con que debe cumplir un inversor para tener derecho a establecerse en la zona económica especial de la zona oriental del país.
“El cumplir con los requisitos establecidos por la ley hace transparente la participación de los inversionistas, además, se suma un proceso de autorización que debe ser avalado por múltiples actores, son una gama de instituciones que tienen que ver con los permisos para participar de esa zona económica especial”, indicó Vanegas.
En lo que respecta a la responsabilidad social, la ley de zonas económicas especiales expone que el desarrollador económico debe destinar el 3% del monto de inversión total a acciones sociales mismas, que serán priorizadas por las comunidades en coordinación con las alcaldías de cada municipio, esto también atañe al operador, quien debe ejecutar el mismo porcentaje.
Os comentários foram encerrados, mas trackbacks e pingbacks estão abertos.